Por: Alejandro Villanueva
En La Guajira ya ni se disimula. Mientras las universidades públicas piden presupuesto y los estudiantes hacen rifas para imprimir tesis, hay un rector que maneja su institución como si fuera un cartel.
Alli todo el mundo lo conoce lo llaman alias Kaloy, pero en los papeles figura como rector de la Universidad de La Guajira. Mientras en la práctica, es el jefe de una estructura criminal que combina narcotráfico, lavado de dinero, despojo de tierras, sicariato y corrupción estatal. Todo bajo la fachada de la educación pública.
Todo parece en orden: actas, contratos, convenios. Pero cuando se mira de cerca, la universidad deja de parecer una institución educativa y se asemeja a un centro de operaciones diseñado para proteger intereses criminales.
Las piezas del engranaje
Carlos Alberto Lindarte Henríquez, alias “Caco”, es su mano derecha, el cerebro logístico. Desde La Guajira coordina los envíos que van directo hacia Centroamérica y Estados Unidos. Caco no tiene título universitario visible, pero maneja con precisión los flujos de la mercancía y del dinero.
Tatiana Beatriz Martínez Gómez, abogada de confianza y secretaria general de la universidad, con tarjeta profesional No. 147983, pone la cara de la legalidad. Ella firma contratos, legaliza compras, arma licitaciones falsas y convierte el dinero sucio en “inversión institucional”. Además, ha blanqueado tierras despojadas por alias Caco, usando estructuras jurídicas que huelen a legalidad, pero encubren despojo.
Y si algo se complica, entra en escena Helion Jacobo Arens Cerchiario, abogado, actúa como escudo jurídico internacional de la organización. Su trabajo es blindar jurídicamente la red y alertar sobre posibles procesos judiciales en curso.
El brazo armado
Como toda estructura del crimen, el poder de Kaloy también tiene quien haga cumplir sus órdenes en la calle. Jorge Vangrieken Cabrales, alias Gringo Vangrieken, maneja la seguridad, está a cargo de coordinar acciones relacionadas con sicariatos y alianzas con otras estructuras criminales, identificando y contratando a quienes ejecutan asesinatos selectivos en La Guajira y otras regiones del país. Su principal operador Edelmis González, alias El Mono Tanaca, ejecuta los cobros y mantiene las conexiones con los grupos armados que le dan respaldo territorial.
Son el brazo que mantiene el orden, la violencia detrás de la autoridad académica.
Infiltración en el Estado
Pero la estructura no solo se sostiene con armas y abogados. También tiene respaldo dentro del Estado.
Ahí entra Diana Paola Sprockel Choles, funcionaria del CTI de la Fiscalía en Riohacha, usa su cargo para filtrar información privilegiada. Se encarga de alertar a la red criminal sobre investigaciones o procesos judiciales que los puedan afectar. Además, es la pareja sentimental de Barnabá Mena Argote, alias “El Ruso”, vinculado también a esta estructura quien se encarga de suministrar información de operativos, investigaciones y demás hechos que sean importantes para tener a esta organización en delantera frente a la justicia o a sus enemigos.
Alias Kaloy ha sobrevivido a varios atentados derivados de sus disputas con otros narcotraficantes de la región, entre ellos alias “Papi William”. Aunque estos hechos se han presentado públicamente como conflictos de tinte político, en realidad responden a una lucha por el control del territorio y de las rutas utilizadas para el tráfico de drogas.
En abril de 2021, las autoridades realizaron operativos en Riohacha y Santa Marta que terminaron con la captura, con fines de extradición, de cinco integrantes de la estructura criminal dirigida por Kaloy. Los detenidos —alias Yair, alias Pichuzo Barros, Jesús Salas (primo hermano de alias “Pika Pika”), alias Carlos y alias Chindo— formaban parte del nivel más bajo de la organización. Su función era manejar la logística y el transporte de la droga en aviones ultralivianos que despegaban desde La Guajira, en la frontera con Venezuela, con destino a Jamaica y República Dominicana, desde donde la carga seguía rumbo a Estados Unidos.
La red funciona como una maquinaria bien aceitada: desde el rectorado de una universidad pública hasta tribunales, abogados, sicarios, operadores logísticos y funcionarios del Estado. Una estructura que mezcla poder académico, político y criminal, y que, mientras no sea desmantelada, seguirá imponiendo su control en La Guajira.
Kaloy no actúa solo.
Ha logrado influir en la elección de alcaldes y gobernadores, consolidando una red de poder que le garantiza protección e impunidad. Su relación con el actual gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, no es casual: Kaloy ha sido un financiador de campañas políticas, y Aguilar sería una de las piezas clave de su entramado para mantener y expandir su dominio en la región.
Además, su cercanía con Juan Fernando Petro le ha dado una sensación de poder e intocabilidad que ahora proyecta desde Bogotá, donde continúa operando con la tranquilidad que da el respaldo político.
El caso Kaloy ilustra cómo se diluyen las fronteras entre lo público y lo criminal. Una universidad que debería formar líderes se ha convertido —según múltiples testimonios e investigaciones— en una plataforma de poder político y económico.
Mientras el Estado no logre desmontar estas estructuras, La Guajira seguirá siendo un territorio donde el conocimiento, el poder y el dinero se confunden.
