El ABC del expediente de alias Kaloy

De una incautación en El Dorado al rastreo de personas, bienes y rutas: reconstrucción documental de los principales hitos de una investigación sobre una presunta red de narcotráfico.

Dos cajas con 30 paquetes incautadas en una bodega de carga de Bogotá son el hecho inicial consignado en la noticia criminal 110016099144202300832. Al día siguiente, un informe recogió el relato de una fuente que situó a Carlos Arturo Robles Julio, identificado como alias Kaloy, en una presunta organización con operaciones en La Guajira. Los cuadernos muestran cómo la indagación pasó de ese registro a búsquedas de información, interceptaciones, consultas patrimoniales y recopilación de antecedentes de otros procesos.

Esta reconstrucción sigue las fechas de las actuaciones, no el orden en que quedaron escaneadas. Distingue lo constatado por una diligencia, lo denunciado por una fuente y las hipótesis de los investigadores. La presencia de una persona en un listado, una conversación o un organigrama no demuestra por sí sola que haya cometido un delito.

2019-2022: las interceptaciones que aparecen como antecedente

Un informe de resultados del 2 de julio de 2023, incluido en el cuaderno 2, enumera interceptaciones iniciadas desde julio de 2019 y diligencias posteriores hasta 2022. Registra líneas atribuidas por los investigadores a alias Puma, Chichongo, Chente, Enrique, Flaco y otros. Son antecedentes de otra actuación: el informe se identifica con el radicado 110016000098201780271 y remite a material del 110016099144201800020. No deben presentarse como interceptaciones ordenadas desde 2019 en el expediente abierto en mayo de 2023.

9 de enero de 2021: un episodio marítimo recogido en los antecedentes

La continuación número 3 del informe del 2 de julio de 2023 reseña una incautación en República Dominicana y la interrupción del tránsito de 400 kilogramos de cocaína. Vincula analíticamente ese episodio con comunicaciones de diciembre de 2020 y enero de 2021 y describe el uso de lanchas rápidas. Ese es el contenido del informe incorporado; la sola inclusión de la lámina no demuestra que todos los mencionados en el caso Kaloy intervinieran en el cargamento.

12 de agosto de 2022: inspección de un proceso anterior

El informe señala que se inspeccionó el radicado 110016099144201800020 en la Fiscalía Sexta especializada contra el narcotráfico. De allí se obtuvieron documentos de interceptación de comunicaciones. Esta inspección explica parte de la procedencia del material histórico que, más adelante, fue llevado a los cuadernos del caso Kaloy.

12 de mayo de 2023: la incautación que origina el registro

El formato de noticia criminal describe la incautación de dos cajas con 30 paquetes en una bodega del aeropuerto El Dorado. El informe de actos urgentes precisa que la inspección se realizó en una empresa de carga, que un binomio canino alertó sobre las cajas y que la guía señalaba la ruta Bogotá-Leticia. Registró un peso bruto aproximado de 39,5 kilogramos. Ese peso incluye el embalaje y no debe confundirse con una cantidad neta de cocaína.

El mismo día se documentaron la incautación, la entrega de elementos y las solicitudes de análisis. La orden de policía judicial 9140694 está fechada el 12 de mayo. La cadena documental permite seguir el manejo de la sustancia; no identifica por sí misma a Robles como su propietario o remitente.

13 de mayo de 2023: la fuente que menciona a Kaloy y a otros señalados

El informe ejecutivo FPJ-3 recoge información sobre una supuesta organización dedicada al tráfico de cocaína y heroína y al lavado de activos. Según ese relato, Carlos Arturo Robles Julio, alias Kaloy, financiaría y coordinaría operaciones; Carlos Alberto Lindarte Henríquez, alias Caco, tendría funciones operativas. La fuente sitúa a La Guajira como uno de los ejes de una red con conexiones internacionales.

La misma versión menciona a Tatiana Beatriz Martínez Gómez por un supuesto papel en operaciones de apariencia legal; a Jorge Vangrieken Cabrales por tareas de seguridad; y a Barnabi, Ronald y Richard Mena Argote por presuntas actividades de distribución y manejo de recursos. También señala a Diana Paola Sprockel Choles por un supuesto suministro de información judicial. Son funciones atribuidas por la fuente, pendientes de corroboración: no hallazgos de culpabilidad establecidos por este resumen.

15 de mayo y 30 de mayo-6 de junio de 2023: remisión y análisis químico

El oficio del 15 de mayo remite las actuaciones conocidas por disponibilidad a la Fiscalía Séptima especializada. El informe de laboratorio registra recepción y asignación el 30 de mayo y análisis hasta el 6 de junio. Su conclusión es concreta: las 25 muestras examinadas contienen cocaína. Se refiere a esas muestras y no identifica al responsable del envío.

2 de julio de 2023: tres informes sobre otro expediente

En el material posteriormente incorporado aparecen un informe de 119 páginas, una continuación de 179 y otra de 123, todos relacionados con la indagación 110016000098201780271. Reúnen análisis de comunicaciones, personas detectadas y episodios de tráfico. La continuación de 179 páginas abre con una lista que incluye, entre otros, a Edicto Segundo Castañeda, Luis Enrique Castañeda González, Faustino Fermín Newball Archbold y Jairo Luis González Polanco. La relación entre esas personas y los señalados en el expediente principal exige una conexión probatoria específica; no surge automáticamente de reunir sus nombres en una misma carpeta.

25 y 26 de julio de 2023: destrucción de la sustancia

Un acta registra la destrucción, el 25 de julio en Facatativá, de la sustancia incautada el 12 de mayo, con presencia de funcionarios y representación del Ministerio Público. Informes del 26 de julio documentan actividades y registro fotográfico asociados a la diligencia. Este tramo corresponde al manejo de la evidencia física del episodio de El Dorado.

15 y 23 de julio de 2024: búsqueda de información sobre varias personas

La orden 10642400 del 15 de julio dispone búsquedas en bases públicas sobre un grupo que incluye a Robles, Lindarte, Martínez, Vangrieken, los Mena, Sprockel, Jaime Mejía Amaya, Edelmis González y Helion Jacobo Arends Cerchiario. La orden 10643359, también de ese día, pide consultas en SIOPER. El objetivo declarado es reunir información para una indagación sobre una posible organización transnacional.

El 23 de julio, el Juzgado 37 Penal Municipal de Bogotá documenta el control previo de una búsqueda selectiva en bases de datos. El acta menciona consultas a operadores de telefonía y registros empresariales, entre ellos Sales de Manaure, Curuba DS y Provisiones Caracas. La orden identificada al pie del acta es la 10673868, del mismo 23 de julio. La inclusión de una empresa expresa un objeto de verificación, no una declaración de ilegalidad de su actividad.

Agosto de 2024: respuestas, consultas y ampliación de diligencias

Los informes del cuaderno 1 registran respuestas a las búsquedas ordenadas en julio, consultas de identificación y nuevas órdenes. La 10752825 lleva fecha del 14 de agosto; un oficio del 16 de agosto solicita una vista detallada de consulta. La secuencia muestra trabajo para individualizar personas y reunir registros, aunque cada resultado debe leerse con su alcance: encontrar un dato biográfico, comercial o de contacto no demuestra participación delictiva.

9 y 25 de septiembre de 2024: interceptaciones y consultas adicionales

La orden del 9 de septiembre dispone interceptaciones de comunicaciones, con referencia a un informe del 3 de septiembre. Los números particulares no se reproducen aquí. El 25 de septiembre, la orden 10921974 pide una consulta detallada en SIOPER sobre Edelmis de Jesús González Murgas. Las órdenes muestran líneas de investigación diferentes; no equivalen a resultados incriminatorios de las escuchas.

9 de octubre de 2024: ingreso de los informes del otro proceso

Un informe de campo registra una inspección a la actuación 110016000098201780271 en la Fiscalía 45 especializada. La diligencia permitió obtener por correo tres informes del 2 de julio de 2023, de 119, 179 y 123 páginas. Este es el puente documental entre los antecedentes de interceptación y los cuadernos examinados. Por eso sus hechos más antiguos deben leerse como material incorporado, no como diligencias practicadas todas dentro del CUI de 2023.

15 de octubre y 22 de noviembre de 2024: nueva fuente y más consultas

Un informe del cuaderno 3 relata un encuentro con una fuente humana el 15 de octubre de 2024 en Barrancas. A partir de esa información se solicita una interceptación asociada a alias Flaco. Por su parte, la orden 11131147 del 22 de noviembre amplía las consultas a nombres que incluyen a Carlos Arturo Robles Daza, alias Pájaro, y Gabriel Ricardo Rodríguez Salas. Son actuaciones registradas sobre otras personas, además de los primeros señalados.

31 de enero y 3 de febrero de 2025: el rastreo patrimonial se amplía

El informe del 31 de enero solicita búsquedas y rastreo de bienes para estudiar las presuntas finanzas de la organización. El 3 de febrero, la orden 11317025 enumera a 18 personas y dispone consultas financieras, tributarias, migratorias, registrales y de otros sistemas. Incluye, además de los nombres ya citados, a Darío Josué Henríquez Gnecco, Carlos Daniel Rojas Henríquez, Carlos Arturo Robles Daza, Gabriel Ricardo Rodríguez Salas, Carlos Mario Rojas Henríquez, Wilmar Riapira Rivera, Fabio Orlando Fonseca Maya y Ramiro José Ardila Socarrás.

La orden menciona, entre otras entidades, TransUnion, Datacrédito, DIAN, Migración, registros de valores, tierras y automotores. El acta 010 del Juzgado 80, del 3 de febrero, documenta un control previo y alude a una orden del 20 de enero. La coincidencia de fechas no permite borrar esa diferencia entre documentos. El objeto de las consultas era obtener información; una orden no prueba por sí sola la existencia de patrimonio ilícito.

Febrero y 4 de marzo de 2025: recepción de resultados

El informe del 4 de marzo reúne respuestas a las consultas sobre las 18 personas y describe gestiones ante distintas entidades. Contiene información económica, registral y administrativa. Este resumen conserva el objeto de las diligencias y excluye números de cuentas, datos familiares, información sanitaria y otros detalles personales que no son necesarios para entender la secuencia.

En esa recopilación también aparece una explicación de la DIAN del 4 de marzo: la solicitud había llegado inicialmente a un correo deshabilitado y debía tramitarse por el canal correspondiente. La entidad pidió una prórroga si había lugar a ella. Ese registro administrativo debe distinguirse de la denuncia posterior de una posible filtración.

5 de marzo de 2025: control posterior y continuación de las consultas

El acta 056 del Juzgado 72 Penal Municipal de Bogotá registra control posterior a actividades y resultados de la búsqueda selectiva, con referencia al informe del 4 de marzo. En el mismo tramo del cuaderno figura una orden fechada el 5 de marzo para continuar la búsqueda de información. El control judicial recae sobre la diligencia y sus resultados en los términos del acta; no es una sentencia contra las personas consultadas.

26 y 31 de marzo de 2025: nuevas verificaciones y una posible filtración

Un informe del 26 de marzo solicita nuevas actuaciones. La orden 11534042 del 31 de marzo registra una denuncia sobre posible filtración de información reservada y dispone buscar y analizar información pública sobre una funcionaria de la DIAN y sus eventuales relaciones con personas del caso. En su motivación se afirma que Robles habría mostrado una orden con nombres a terceros. Se trata de lo denunciado y del motivo para verificar: los documentos citados no establecen por sí solos quién filtró información ni prueban la participación de la funcionaria.

4 y 28 de abril de 2025: información aérea y marítima

El informe de la Fuerza Aeroespacial del 4 de abril, elaborado en respuesta a un requerimiento del 26 de marzo, presenta datos sobre trazas en el corredor estudiado: 52 en 2022, 17 en 2023 y 10 en 2024. La comunicación del 28 de abril remite información y un anexo de 18 folios. También informa de 29 eventos marítimos de 2022 a 2024 y 69 capturas puestas a disposición de autoridad competente en las operaciones descritas.

Estas cifras aportan contexto operativo a la investigación. No pueden sumarse como cargamentos o hechos probados de Kaloy: el oficio describe resultados de un ámbito geográfico y temporal y no atribuye automáticamente todos los eventos a los señalados. La correspondencia registra además un envío del 30 de abril y una fecha de radicación del 2 de mayo de 2025.

2025, sin fecha diaria identificada: la síntesis gráfica del caso

Las últimas páginas contienen una presentación titulada “Policía Nacional de Colombia Caso Investigativo 2025”. Resume la génesis de la indagación, las actividades realizadas y un organigrama que incluye a Robles y a otras personas. La lámina de actividades atribuye conexiones con cinco eventos de incautación entre 2021 y 2023. Esa es una síntesis de los investigadores: requiere contraste con los soportes de cada evento y no debe confundirse con las estadísticas generales de la Fuerza Aeroespacial.