El tiempo ha confirmado nuestras denuncias: se trataba de un entramado de lobby dentro del gobierno.
El 19 de junio de 2024, expusimos cómo acusaciones internas en el círculo cercano a la Presidencia señalaban que Andrés Sarabia y Jaime Ramírez Cobo operaban una empresa de lobby dentro del gobierno.
Tras esta revelación, Ramírez Cobo interpuso una denuncia ante la Fiscalía junto a su pareja, Daniela Andrade Valencia. Posteriormente, emitió un comunicado en el que desacreditaba la denuncia, calificándola de especulativa y carente de fundamentos. Sin embargo, casi un año después, los principales escándalos de corrupción lo vinculan directamente. Ramírez Cobo inició su carrera en 2015 como asesor jurídico en el Fondo de Empleados Médicos de Colombia. Más tarde, ingresó a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del congresista uribista Jhon Harold Suárez, donde estableció contacto con Laura Sarabia y Andrés Parra.
La relación entre Ramírez y Sarabia se fortaleció hasta el punto de que, el 21 de diciembre de 2018, este fue padrino de su matrimonio. Con la llegada de Sarabia a posiciones de poder, la carrera de Ramírez Cobo dio un giro significativo: pasó de ser un abogado con perfil bajo a convertirse en un operador clave dentro del gobierno.
Fue designado asesor de confianza de Sarabia y enlace entre el Congreso y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). No obstante, fuentes cercanas afirman que su verdadera función era la gestión del denominado “computador del Palacio”, una base de datos utilizada para registrar la asignación de cargos a partidos y congresistas. Este término se popularizó durante el gobierno de César Gaviria.
El nombre de Ramírez Cobo emergió en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), señalado como operador de dicho “computador”. Se le acusa de haber facilitado la entrega de contratos por más de 92.000 millones de pesos a congresistas, lo que lo ha llevado a rendir declaraciones ante la Fiscalía, instancia que incluso le ha ofrecido un principio de oportunidad.
En este contexto, su pareja, Daniela Andrade Valencia, también ha sido mencionada. Andrade, vinculada a Mauricio Marín—actualmente implicado en el escándalo de corrupción en la Fiduprevisora—, fue responsable de la firma de los pagos asociados. A pesar de los señalamientos en su contra, actualmente ocupa el cargo de Notaria 36 de Bogotá, con una remuneración mensual de 76 millones de pesos.
Asimismo, Ramírez Cobo se ha visto involucrado en el escándalo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). Según revelaron los periodistas Juan Pablo Calvas y Paula Bolívar en W Radio, un entramado de corrupción permitió el desvío de fondos públicos del sector salud, favoreciendo a un grupo reducido de IPS privadas mediante pagos excesivos y anticipados a la EPS Coosalud.
La denuncia inicial fue presentada por Luis Carlos Leal, quien posteriormente fue removido de su cargo en la Superintendencia de Salud. La investigación sugiere que tanto los Sarabia como Mauricio Marín se beneficiaron económicamente de estas operaciones. En el centro de esta red también aparecen Daniela Andrade y Jaime Ramírez Cobo. Adicionalmente, se ha señalado a Mario Urán, cercano a Marín, como uno de los responsables de direccionar pagos en favor de sus allegados. A pesar de estar vinculado a múltiples casos de corrupción, el 22 de enero Laura Sarabia solicitó la renuncia de Ramírez Cobo. Su salida no obedeció a los cuestionamientos en su contra, sino a la pérdida de su respaldo dentro del gobierno. El desenlace de este caso demuestra que las denuncias eran fundadas y que la red de influencias dentro del gobierno operaba con total impunidad
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